Nuevos trazos de esperanza

Nuevos trazos de esperanza

Fotografías: Sonia Håkansson Acompañaron en el acto: Alberto Solís, director de SERAPAZ, Olga Guzmán, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y Hugo Briseño, ingeniero y asesor técnico de la comunidad.

La mañana del jueves 18 de mayo, integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla presentaron en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez una propuesta alternativa al proyecto carretero que Grupo Higa ha pretendido imponer ilegalmente en su Bosque Sagrado del Agua desde 2008.

Xochicuautla lleva casi diez años envuelta en un conflicto legal con el gobierno estatal y Grupo Higa ya que no están dispuestos a que el proyecto carretero privado Toluca–Naucalpan les separe de su bosque. Durante este tiempo, la comunidad se ha enfrentado a continuas amenazas, hostigamientos, a la tala ilegal, a la detención de 22 personas de la comunidad por obstrucción de las obras y a la violación constante de los derechos humanos y derechos indígenas de la comunidad.

En la actualidad, ante el proyecto que estaba previsto entrar en circulación en 2015 y con ocho amparos a su favor –tres de los cuales con suspensión definitiva del proyecto–, la comunidad presenta una propuesta para la carretera que sí les permite salvaguardar la reproducción de su vida cultural y que posibilita la libertad de tránsito entre los miembros de la comunidad y el bosque:

“Porque no queremos que nuestro territorio quede confinado, sino que podamos permanecer junto a nuestro bosque y a nuestros lugares sagrados, en la comunidad hemos acordado un proyecto diferente; un proyecto alternativo de ingeniería ambiental –probado en otros países– basado en túneles y puentes” dice José Luis Fernández, vocero de la comunidad.

La apuesta de la comunidad trata de poner sobre la mesa un proyecto más acorde a su contexto y que sea verdaderamente de vanguardia, no como presume la empresa Autovan: autopistas de vanguardia; el proyecto alternativo sí contempla los impactos socioambientales: “Han presumido autonombrándose ser “autopistas de vanguardia”. De vanguardia nosotros no le vemos nada, son solo carreteras donde derriban árboles, derriban montes y rellenan barrancas”, expresó Armando García Salazar.

 

 

“Diez años de lucha, pero también diez años de trabajo”, explica García Salazar, miembro de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Durante estos años de lucha, la comunidad ha tratado de buscar trazos alternos. En un primer momento, estudiaron la posibilidad de que se modificara dicho trazo, pero analizaron, junto con ingenieros y otros expertos, que las rutas alternativas ocasionarían mayores daños ambientales. “Ojalá y entienda, tanto ustedes como el gobierno que lo que defendemos no es sólo el territorio, no sólo es nuestro bosque, sólo es nuestra tierra, es todo un complejo que el otomí desde tiempos ancestrales ha cuidado, que hay una relación entre la comunidad y los montes (...)”, continúa Armando García Salazar.

En este sentido, la comunidad de Xochicuautla se ha posicionado como un referente de resistencia para otras comunidades del Estado de México, pero también para otras comunidades de la república. En palabras de Alberto Solís Castro, director de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ): “hoy lo que nos está dando Xochicuautla es una muestra más de dignidad en torno a una lucha que ha durado mucho tiempo y son, como lo han sido siempre, un ejemplo para muchos pueblos que hoy se encuentran enfrentando esta situación en el país”. Además, el director de SERAPAZ explicó que se trata de una propuesta viable, seria técnicamente y que concilia la relación entre la comunidad y el bosque y sobre todo un ejemplo de que también se puede proponer desde la lucha.

A diferencia del proyecto actual de Autovan, filial de Grupo Higa, la comunidad propone sustituir los cortes del bosque por túneles y los rellenos de tierra de hasta 50 metros de altura por puentes; de forma que se pueda preservar el continuo biológico del bosque, el tránsito de la fauna y la libertad de pasear por el bosque como siempre lo han hecho. Según expone el ingeniero y asesor técnico de la comunidad Hugo Briseño, este proyecto sólo aumenta su costo en un 6% y sin embargo, “consideramos que el incremento no es tan grande para los beneficios que se pueden obtener de esta propuesta”, explicó el ingeniero.

Por su parte, Olga Guzmán, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), recuerda que el cauce jurídico sigue su curso y que se seguirá buscando la suspensión definitiva, como ya se ha dictaminado en tres recursos de amparo.

 

Esta propuesta nace de la necesidad de preservar sus rutas de peregrinación hacia el corazón del bosque, de tener la posibilidad de recolectar alimentos como los hongos, quelites o hierbas medicinales, entre otros aspectos imprescindibles para continuar nutriendo su cosmovisión otomí hñahñu. El vocero expresó que lo que vienen a reivindicar y solicitar es que les permitan vivir en libertad y en convivencia con su bosque como lo venían haciendo hasta entonces.

“Solicitamos al gobierno y a la empresa que lo consideren”, termina exponiendo José Luis Fernández, aclarando que no están en contra de que se haga infraestructura ni en contra de la modernidad, sino en cómo lo hacen, de forma ilegal e impositiva y dañando a la comunidad tanto social como medioambientalmente. Como han venido reivindicando desde años atrás, el vocero recuerda que no se trata únicamente de la defensa del bosque de la comunidad, sino del patrimonio de todos nosotros: “defendemos bosque, agua y cultura... que es el patrimonio de mucha gente que no lucha como nosotros”.

No se trata de una cuestión de victoria o fracaso, sino de buscar las condiciones para que el conflicto pueda resolverse de la forma más pacífica y legal posible. En palabras de Alberto Solís:

“Después de un proceso de lucha donde se han violado múltiples derechos como el derecho a la consulta, el derecho a un medio ambiente sano; donde se ha venido denunciando durante mucho tiempo, la comunidad quiere mostrar una postura de diálogo y la posibilidad de construir un acuerdo digno , un acuerdo que vaya acorde al derecho de las comunidades”

«Poki kja-madi» (muchas gracias), son las palabras de cierre y de esperanzas de que la propuesta sea recibida pueda respirar juntos y tranquilos tras una década de pulso jurídico.

 

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