AYOTZINAPA:
EL DERRUMBE DE UNA VERDAD HISTÓRICA

 


Dos años de desaparición forzada: 43 historias inmersas en una incertidumbre escalofriante. La pesadilla inició una madrugada de septiembre en Iguala, cuando los jóvenes de Ayotzinapa iban de regreso a la Normal Rural a bordo de cinco autobuses tomados, en breve se desataron los disparos y la persecución por parte de la Policía Municipal. Dos años después, la impunidad sigue ahí, parece no tener fin, una investigación gubernamental que parece no tener rumbo fijo.

La protesta del 2 de octubre se acercaba, paradójicamente, la tradición normalista movía los cuerpos de aquellos jóvenes: clamar justicia por una masacre ocurrida en 1968.
 

La tarde del 26 de septiembre los estudiantes Normalistas realizaban sus actividades de boteo. La intención era volver a Ayotzinapa, no sabían que al menos esa noche ya no sería posible. En la Central Camionera tomaron algunos autobuses que partieron uno por uno. Durante el tramo carretero para salir de esa entidad fueron interceptados por la Policía, los Normalistas no se sintieron sorprendidos hasta el momento en el que los municipales los agredieron verbalmente, accionaron sus armas y comenzaron los balazos.

Ellos se resguardaban atrás de los autobuses durante el ataque, después algunos huían hacia los cerros y las azoteas de las casas, en esos instantes fue herido el primer normalista que actualmente se encuentra en estado de coma. El autobús de Los Avispones también fue atacado resultando 3 asesinados. Inmediatamente después algunos Normalistas se reagruparon, en los primeros minutos de la madrugada del 27 de septiembre, el plan era dar una conferencia de prensa en conjunto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), nuevamente fueron atacados con armas de fuego, resultando asesinados Julio César Ramírez Nava y Gabriel Solís Gallardo.

Ángel es un Normalista sobreviviente de aquella masacre, recuerda de esa madrugada el uso de armas, la ineficacia y omisión de quienes atienden las líneas telefónicas de la policía y la brutalidad policiaca y militar.

La mañana del 27 de septiembre de 2014, una fotografía en redes sociales comenzó a circular, Julio Cesar Mondragón Fontes, joven normalista que vestía playera roja aparecía despojado de su rostro, con signos de tortura, tirado a plena luz del día en un callejón de Iguala, Guerrero. Su esposa Marisa Mendoza, al mirar las redes sociales, enseguida lo reconoció.

En semanas, el aviso de los 43 estudiantes desaparecidos comenzaba a dar vueltas por el mundo, días de terror que posteriormente se convirtieron en años, investigaciones fallidas, una clase política evidenciada. En Guerrero, decenas de fosas clandestinas que por mucho tiempo albergaron a centenares de desaparecidos salían a flote, se exponían en una geografía que poco a poco se ilumina de un rojo desbordante.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de personas Extraviadas o Desaparecidas, al menos 28 mil personas han sido víctimas de desaparición forzada en el país, el caso paradigmático de los 43 jóvenes de Ayotzinapa ha llegado para evidenciar esta práctica cotidiana.

LA NOCHE DE IGUALA

26 y 27 de septiembre del 2014
43
NORMALISTAS DESAPARECIDOS
HERIDOS
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
ASESINATOS (3 NORMALISTAS, 3 FUTBOLISTAS AVISPONES)
Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
 

II. UNA CLASE POLÍTICA INDOLENTE, EL PRIMER CARPETAZO FALLIDO


El 7 de noviembre de 2014 a medio día, la Procuraduría General de la República ofreció la primera conferencia de prensa, Jesús Murillo Karam aparecía ante las cámaras con un rostro petrificado. Treinta y tres días después de la desaparición, el estado mexicano mostraba al primer personaje que defendería la «verdad histórica». La exposición se tornaba tensa mientras se narraba la sucesión: 43 estudiantes asesinados uno por uno, arrojados al precipicio del Basurero de Cocula, apilados, incendiados, carbonizados, machacados, insertados en bolsas plásticas, transportados y posteriormente arrojados al Río de San Juan. Todo en menos de 18 horas.
Una versión carente de investigaciones científicas basada en pruebas testimoniales, la declaración de tres detenidos -hablando como quien cuenta la anécdota de un día común- eran lo único que sustentaba la historia de un aparatoso incendio. #YaMeCansé, espetaba con cinismo el procurador ante las preguntas periodísticas que reflejaban esa interrogante que recorre los pensamientos de todo un país, que invade los sueños de 43 padres y madres: ¿En dónde están los 43? ¿En dónde están nuestros hijos?

Es una mañana de agosto, tenemos una cita con la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no recuerdo su rostro, aún así esperamos en el lugar acordado: ¿Cómo reconocer a la madre de un desaparecido si no es por la tristeza que emana de su mirada, la firmeza de sus pasos y ese motor de búsqueda que la impulsa a continuar el camino? Sonríe esporádicamente mientras caminamos, pero la mirada conserva ese pesar intacto.
 

Los padres de familia han sido constantes, sus pasos han recorrido el mundo y han reiterado en diversas ocasiones que de ser posible recorrerían más allá con tal de volver a ver la sonrisa de sus hijos, esos que sueñan con ser maestros normalistas.

Tan solo faltan dos días para que se cumplan dos años sin saber de los estudiantes, Melitón Ortega -padre de Mauricio Ortega, uno de los desaparecidos- nos remite al primer desencuentro que tuvieron con la justicia mexicana, imprime en su voz un tono de indignación mientras narra el intento número uno de la Procuraduría para cerrar el caso:

- La conclusión fue que los estudiantes habían sido encontrados en las fosas de Pueblo Viejo, un lugar cercano al municipio de Iguala. Recuerdo cómo estábamos reunidos en una sala de la Normal en espera de la respuesta de los Forenses Argentinos, con esa ansia.

- Nos informan que ninguno de los cuerpos correspondían a los estudiantes, fue un gran alivio, con las ganas de seguir buscándolos con vida. A partir de ahí descalificamos el trabajo de la PGR que nos quiso entregar los cuerpos de otras personas que no correspondían a los estudiantes.

El caso Ayotzinapa es emblemático: los familiares lograron sentar al presidente del país, Enrique Peña Nieto. Inmediatamente denunciaron que el mandatario les ofreció un incentivo económico a cambio de frenar la búsqueda. En sus declaraciones públicas invitaba a los padres de familia y a la sociedad en general a “superar el caso”, también presentaba un plan de acción que proponía a marcar al 911 en caso de emergencia.





EL BASURERO DE COCULA:

AÑOS DE INCENDIOS
CONSECUTIVOS
PLANTAS SIN EXPOSICIÓN
AL FUEGO
ARMAS DIFERENTES

Informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) , 8 de febrero de 2016

 

III. UN APARATOSO INCENDIO… IMAGINARIO


El EAAF realizó una exhaustiva investigación científica que agrietaba de golpe los cimientos de la verdad histórica: no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada, que habría arrojado la incineración en masa de los 43 estudiantes, sostuvieron desde el principio.

El 8 de febrero de 2016, el equipo afirmó que en el depósito de Cocula se encontró vegetación que comenzó a crecer entre julio y agosto de 2014; no presentaba una exposición al fuego o alteraciones térmicas importantes ni de la magnitud informada.
Mientras avanzaba la investigación las inconsistencias aparecían al contrastar el análisis balístico con las declaraciones de los supuestos testigos. Los 132 casquillos oxidados encontrados en el lugar, pertenecían mayoritariamente a calibres de armas largas, los detenidos señalaron haber utilizado armas menores: «se nos instruyó que no lleváramos las armas largas que teníamos asignadas».

De los 39 tipos de armas utilizadas en ese basurero, tan sólo 4 coinciden con las declaraciones de los inculpados, pero presentan un alto grado de oxidación que pone en duda su utilización durante aquella madrugada.

De acuerdo con las imágenes satelitales obtenidas, el basurero de Cocula ha operado por diez años, de los cuales al menos desde 2010 ha habido incendios en la zona, no se puede hablar de un solo evento de fuego ni analizar con base a un solo caso: tan solo en la categoría de restos óseos se recuperaron miles de fragmentos
 

IV. LA VERDAD HISTÓRICA DESMORONADA FRENTE A LOS OJOS DE LA PGR


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) marcó la diferencia en un país en donde investigar no es una prioridad para las autoridades. La versión oficial, después de ser agrietada por algunos estudios científicos, terminaba por derrumbarse. La solicitud de los padres de familia para que interviniera un equipo externo estaba rindiendo frutos.

La dificultad de trabajar en conjunto con el sistema de justicia mexicano se hace evidente en los dos informes presentados, en donde se expone cómo los funcionarios de la PGR infringen en repetidas ocasiones la ley.
 

El quinto autobús es, quizá, uno de los hallazgos más importantes del grupo de expertos, esta línea de investigación insinúa que el «modus operandi» de los perpetradores sale de lo usual y que probablemente hubo intereses de grupos que manejan narcóticos en Iguala, uno de los centros de comercio y transporte más importantes en las rutas direccionadas a los Estados Unidos. Heroína, cocaína y dinero son las principales elementos que se transportan y los autobuses son utilizados comúnmente. Una hipótesis inicial refiere que los Normalistas, sin saberlo, tomaron un camión que contenía alguno de éstos.

En el país impera una política narco-estado cada día más evidente y violenta. La PGR omitió de su expediente ese quinto autobús (Estrella Roja), el GIEI recomendó que se incluyera e indagara, la institución tomó una declaración al chofer de este transporte sin que el grupo estuviera presente. La declaración era inconsistente a la hora de contraponerla con el testimonio de los normalistas y las evidencias reunidas. Por el momento esta línea de investigación sigue inconclusa.

Hasta 2016, la participación del Ejército Mexicano no ha sido aceptada por las instituciones, sin embargo los expertos documentaron que el ejército estaba enterado, esa noche monitoreó a través de un sistema de comunicación llamado C-4, la llegada y estancia de los Normalistas en la Ciudad de Iguala. También se tiene constancia de que el lugar en que fue encontrado Julio César Mondragón, fue custodiado por camionetas del Ejército esa madrugada.

Después de más de un año de investigación, el estado Mexicano expulsó del país a quienes realizaron una de las investigaciones más comprometidas. Antes de partir, el GIEI aportó una prueba transcendental:

El 29 de octubre la Procuraduría “encontró” en el Río de San Juan una bolsa plástica que contenía fragmentos de huesos carbonizados, en ésta se descubrió coincidencia con el ADN de Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero de la Cruz.
 

El GIEI muestra a través de evidencias foto periodísticas que el 28 de octubre (un día antes), Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en aquel entonces, llevó al inculpado exactamente a las mismas coordenadas en que aparecería ese bulto. No hay un registro de esa visita en los expedientes de la Procuraduría.

La investigación está inconclusa, dejarla en manos de la PGR pinta de nuevo el panorama gris. Con un abrazo largo se despiden los familiares de Ayotzinapa. 5 meses después los padres de familia afirman que desde que partieron, la investigación está estancada, no hay un interés, en cambio , “Hay una laguna desde el 30 de abril a la fecha”, afirma Melitón Ortega.



123 PERSONAS DETENIDAS

POLICÍAS MUNICIPALES
DE IGUALA
POLICÍAS MUNICIPALES
DE COCULA
INTEGRANTES DEL CRIMEN ORGANIZADO,
GRUPO GUERREROS UNIDOS
 

V. SOÑAMOS CON SU REGRESO


El 6 de diciembre de 2014 notificaron que uno de los fragmentos de hueso encontrados pertenecía a Alexander Mora Venancio, el 17 de septiembre de 2015 se informó que el ADN de uno de los restos óseos podría pertenecer a Jhosivani Guerrero de la Cruz, todo a través de la Universidad de Insburck. Aún así los padres se han mantenido en la lucha cotidiana por esclarecer estos acontecimientos, en la búsqueda de sus hijos y la exigencia de justicia que no tiene que ver con el “resarcimiento del daño” que ofrecen las instituciones deliberadamente.
 

Bernabé Abraham es campesino, comúnmente porta un sombrero, es padre de Adán Abraham, un joven deportista que estudiaba en la Normal Rural de Ayotzinapa y soñaba con ser maestro. A casi dos años hace un análisis de las dificultades que se presentan:

-La verdad hemos tenido tropiezos, a veces nos hemos enfermado, el día 15 de septiembre falleció mi madre, quien supo cómo se llevaron a su nieto, hoy no está y no supo en dónde se encuentra el y sus compañeros. Es doloroso, pero eso me da más animo para seguir luchando. No vamos a decaer hasta que se encuentren a nuestros hijos, nos duele pero estamos unidos y vamos a seguir unidos hasta conocer la verdad y que se castigue a los responsables.

Adán tiene dos hijos: uno de 8 años y una niña de 6 años. Ellos se preguntan ¿Cuándo va a llegar papá? Bernabé y su esposa, como abuelos, les responden que muy pronto el gobierno los entregará, porque ellos también saben que fueron policías quienes se los llevaron.

“Él me ayudaba a sembrar maíz, calabaza, verduras. Hoy en día dejamos la siembra por seguir buscando a nuestros hijos, a dos años es difícil no saber el paradero”, recuerda el padre de Adán, imprime a su voz un tono que es una mezcolanza de enojo, indignación, tristeza, y continúa: “Como Murillo Karam se cansó, piensan que nosotros también nos vamos a cansar”.

Al igual que en el caso de Bernabé hay 42 familias más que están esperando a sus jóvenes, alrededor de setecientos familiares directos los esperan. A su lado también están las familias de los jóvenes asesinados: Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Cada uno representa una historia, que en el caso de los desaparecidos sigue inconclusa, los padres intentan re-direccionarla, evitar ese camino trazado previamente que los llevaría a la impunidad.





 

«Cada mañana al despertar el alba miramos el horizonte con la esperanza de que ese día los encontraremos. En la noche nos tropezamos con los funcionarios mentirosos y corruptos que nos cierran las puertas de la verdad y la justicia. Al anochecer el optimismo se desvanece, el camino es gris y obscuro, nuestros ojos se humedecen y las lágrimas ruedan por el rostro campesino curtido por el sol» afirman los padres y madres de los 43.

Han sido dos años de coraje, indignación, amenazas, golpes y agresiones por parte de la policía. Han calcinado, matado y enterrado a sus hijos una y otra vez con cada versión presentada. Dos años en que se han enfrentado al podrido sistema de justicia y se han dado cuenta de los amañados procesos jurídicos. En su paso, han encontrado el apoyo innumerable, el dolor de las otras luchas y la tristeza de quienes buscan a miles de desaparecidos en un país en donde ni siquiera hay una cifra exacta, se ha perdido la cuenta, pero no la memoria colectiva que sigue preguntando ¿En dónde están los 43?